Dos de las instituciones públicas que no pueden darse el lujo de dejar de lado la transparencia son, entre otras, la Presidencia de la República y la Fiscalía de la Nación, pues a diario su actuar se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública por la labor sensible que realizan y, sobre todo, por las dudas y suspicacias que generan sus representantes, sean la jefa del Estado o algunos fiscales de alto perfil que tienen casos emblemáticos y mediáticos entre sus manos.
En el caso de la Presidencia de la República, si no hay nada que ocultar en la presencia del carro de uso de la mandataria y su escolta en la zona sur de la capital a fines de enero de este año, tal como ha indicado el vocero Fredy Hinojosa el último domingo, por qué entonces se impide desde el Ministerio del Interior que el chofer de la unidad y otros agentes acudan ante la Comisión de Fiscalización a declarar. Si hay un asunto de seguridad de por medio, pues se pido sesión secreta y se acabó el problema.
Si la presencia del prófugo Vladimir Cerrón no tiene nada que ver con el referido desplazamiento del “cofre”, y que más bien todo se trató de una visita personal de índole familiar de la mandataria a una playa del sur, pues que lo indiquen los agentes a los congresistas que están obligados a mantener la reserva. Sin embargo, acá se está optando por el secretismo que no hace más que generar suspicacias en el accionar de una gestión de gobierno que no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo.
Lo mismo sucede con la investigación que pesa sobre el cuestionado fiscal provincial José Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito, la cual está desde hace varios días en el despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. ¿Por qué no se informó a la opinión pública de esta pesquisa? Si la Fiscalía de la Nación emite información todos los días, ¿por qué no lo hizo en el caso del referido magistrado? ¿Voluntad de protegerlo? ¿Hay algo más que no se conoce aún? Las dudas están sembradas.
El flagrante desprecio por la transparencia en que incurren Palacio de Gobierno por el caso del “cofre” y el Ministerio Público por la investigación a Pérez termina siendo, al final, una falta de respeto al ciudadano que tiene derecho a saber en qué andan los funcionarios a los que les pagan sus haberes o, como en el caso de la mandataria, fue elegida para administrar el país sin que ello implique hacer lo que le dé la gana sin rendir cuentas. Tanto secretismo absurdo puede ser un disparo directo a los pies.
