La creación de un comando unificado militar policial para hacer frente a la criminalidad, el terminar con el relajo en los penales donde “extrañamente” no funcionan los detectores de metales en las puertas, expulsar a los extranjeros indeseables y realizar operativos contra la delincuencia para lograr capturas, está muy bien. Sin embargo, hay un grave problema que debe ser atacado: el de la ineptitud, corrupción y complicidad con el hampa de ciertos miembros del sistema de justicia, que lleva a que los criminales entren y salgan de las cárceles.
De nada va a valer el trabajo que pueda hacer el Poder Ejecutivo a través de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), incluso si el Parlamento le hubiera dado luz verde a su pedido completo de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, si es que más adelante un fiscal o un juez papeluchero va a soltar a los delincuentes arrestados pese a las evidencias con que caen en manos de las autoridades.
Cómo olvidar el caso de “Los despiadados de Ancón”, una banda de 11 feroces extorsionadores de transportistas de Lima Norte que fueron detenidos por la PNP tras un trabajo de casi tres años de investigación, todo para que un juez rechace el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público. Una burla. Y así los casos se pueden contar por decenas o centenas. Recordemos que el salvaje venezolano apodado “Maldito Cris” ya había estado detenido, pero fue liberado para salir y acabar con la vida de un sereno.
El mal trabajo de fiscales y jueces no depende del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad del Ministerio Público, del Poder Judicial, de sus órganos de control y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que no están caminando al ritmo que necesita un país tomado por la criminalidad que extorsiona hasta al que vende jugo de naranja en una esquina, tiene una bodega en la puerta de su casa o alquila un mototaxi para ganarse unos centavos a riesgo de ser baleado por un criminal, incluso cuando lleva pasajeros.
El panorama es sombrío, pues el Ministerio Público es manejado por una Junta de Fiscales muy cuestionada que desde hace años no muestra voluntad de hacer mayores cambios, y menos de autorreformarse; y en el Poder Judicial su presidenta, Janet Tello, cree que sus magistrados son unas eminencias del derecho y la legalidad, además de idóneos e impolutos, a los que no se puede criticar porque ve en eso “injerencia”. Esto se encuentra trabado, y si seguimos así, no iremos a ninguna parte.
