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Ya se están viendo las consecuencias políticas y penales de las agendas atribuidas a Nadine Heredia. La incertidumbre sobre los inquilinos de Palacio compromete la estabilidad política. Es casi unánime la percepción de que la información que se va desembalsando, desde Martín Belaunde Lossio hasta las famosas agendas, pinta a la pareja como corrupta. Pero ellos, en aparente calma, no lo asumen y sus comparsas (bogas) enfrentan con mucha confusión la gran crisis que no quieren ver. Pueden creer que todo está controlado y por ello tornará a su favor, incluido el escalofriante asesinato del chofer que les sirvió por siete años, Emerson Fasabi.

Pero ni tan fácil ni tan simple. Acallar a Milagros Leiva y maltratar a Rosana Cueva y Américo Vásquez no elimina los problemas. Los jueces supremos actuaron a su favor archivando, inexplicablemente y por completo, la investigación por lavado de activos contra Nadine Heredia, del 2004 al 2014, y con exceso extendieron la protección del hábeas corpus a Rocío Calderón, Antonia Alarcón y Santiago Gastañadui, pero todo indica que queda mucho por investigar, más allá de la letra de las agendas.

Es posible diferenciar entre el continente -las agendas- y el contenido, que son las cuentas, aportes extranjeros, colaboradores secretos, manejos económicos y tráfico de influencias a los más altos niveles políticos, judiciales y empresariales, junto a compras, recibos y manifestaciones de sorpresivo enriquecimiento. La nueva información debería permitir reabrir la investigación, ya que cualquiera puede corroborar datos, comparar fechas, contrastar versiones. La bola está en el Tribunal Constitucional, al que han recurrido la Procuraduría del Ministerio Público y el fiscal Ricardo Rojas. Corresponderá al TC dar luz verde para que se aclare lo que concierne a Nadine Heredia y a su entorno entre el 2004 y el 2014. El país espera y la pareja presidencial es la primera interesada en recobrar su credibilidad.

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