Desde cualquier óptica resulta pertinente la aprobación del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), que recomienda suspender por 10 años de la función pública al premier castillista Aníbal Torres, para quien el Ministerio Público además pide 15 años de cárcel por golpista, por haber usado el alto cargo que ocupaba en agosto de 2022 para llamar a la violencia, a fin de hacer “arrodillar” a quienes pedían la salida del entonces presidente Pedro Castillo.

Está claro que un sujeto como Torres, que aparte de acusado de golpista es recordado por dar gritos destemplados en actividades oficiales para llamar al odio, la división y la violencia, no puede ser un servidor público que además cobra un sueldo con el dinero de todos los peruanos. Si quiere dárselas de bravucón y de incitador al pleito, que lo haga en el patio de su casa, rodeado de sus amigos o en una empresa privada para que vea cómo lo expectoran en pocos minutos.

La sanción ha sido aprobada en la SAC por 13 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. Debió ser por unanimidad, pero ya sabemos que en el Congreso hay nostálgicos de las tomas ilegales del poder, de las movilizaciones violentas como las que incitaba Torres y hasta de quiebres constitucionales como el que encabezó Castillo. Desde las bancadas de izquierda hablan mucho de democracia y respeto a los derechos humanos, pero se arrodillan ante tiranos y aprendices de tiranos. Veremos qué pasa en el Pleno.

De otro lado, no olvidemos que aparte del lamentable rol cumplido por Torres desde el premierato y en su breve condición de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros al momento del golpe de Castillo, hace poco este sujeto ha reconocido su proximidad y hasta complicidad con los terroristas que a inicios de los años 90 tenían tomada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para convertirla en una guarida de dinamiteros y en centro de adoctrinamiento ideológico-criminal de jóvenes peruanos.

El Perú afronta serios problemas, como para que a alguien se le ocurra, en algún momento, llevar a Torres nuevamente a la administración pública. De ser aprobada esta sanción política en el Pleno, más allá de la de tipo penal que recibiría por golpista, debe ser tomada muy en cuenta por quienes sueñan llegar a un cargo en el Estado para desde allí dárselas de “revolucionarios” y apelar a la violencia a fin de tratar de imponer sus ideas y propuestas, algo totalmente reñido con los ideales de la democracia y la libertad.