Es momento de iniciar un debate nacional en torno a la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las decisiones soberanas del Estado Peruano. No es nuestra posición retirarnos de la convención, pero sí plantear  algunos mecanismos que compatibilicen soberanía nacional con las normas y jurisprudencia de la citada Corte.

Nuestra Constitución señala que somos una República independiente  y soberana, lo cual implica la existencia de un poder institucionalizado que se ejerce en los distintos espacios que conforman el Estado, es decir, actividades ejecutivas, legislativas, administración de justicia, funciones electorales, hacer o no hacer, decidir políticamente la paz y la guerra, el orden interno, el desarrollo de las relaciones internacionales, etc. y todo lo que corresponde para alcanzar los objetivos que supongan desarrollo y bienestar. Dicho poder soberano lo ostentamos todos los peruanos pero para hacerlo efectivo se delega democráticamente a nuestros representantes políticos, legislativos y jurisdiccionales.

Los derechos humanos son siempre evolutivos, se deben practicar y ejercer de manera preferente y progresiva. Nuestra realidad, no obstante, nos invita a analizar, la aplicación de las normas convencionales y jurisprudencia de la Corte IDH.

Podría la Corte exigir un juicio político en el caso de la flagrante realización de un golpe de Estado, como el perpetrado por Castillo el 07.12.22. La existencia de la Corte se justifica porque protege los derechos humanos en general no en particular. Un golpe de Estado afecta la vida de todos los habitantes de un país. Justamente los organismos internacionales están para proteger a los ciudadanos de aquellos regímenes totalitarios donde se violan los derechos humanos de los opositores al régimen.

Pero recordemos que esta misma Corte ha establecido la responsabilidad del Estado peruano como violador de derechos humanos disponiendo el pago de reparaciones a los deudos de terroristas.

Al mismo estilo de la izquierda y sus  ONGs satélites, ¿qué ocurriría si de manera declarativa como se planteó el referéndum de cambio de Constitución, planteamos el retiro del Perú de la competencia de la Corte, para permitir la pena de muerte para violadores y corruptos?

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