La Contraloría lanzó su ranquin de instituciones con mayor índice de corrupción como un logro notable, como el sabueso que sigue a su presa y no muerde, sólo señala dónde está el hurto. Si solo sirve como un órgano acusatorio, entonces nos preguntamos: ¿para qué el sector público le sigue engordando los bonos a los funcionarios del órgano de control?
Como sabrán, un porcentaje de cada obra auditada va a las arcas de la Contraloría, como una especie de incentivo para que, además de su sueldo mensual, sus auditores logren detectar las posibles fugas del dinero público. Es parecido al Senamhi, que sólo advierte cuándo y dónde pasa el fenómeno natural, pero no puede hacer nada para evitar el daño público.
Cada año, el país supera sus índices de corrupción. Una ilusión sería que la Contraloría nos muestre una tabla con lo siguiente: “A comparación del año anterior, el registro de presuntos actos ilegales en la función pública se ha reducido gracias a la intervención del órgano de control”. Claro, es un sueño que en el Perú se deje de robar, pero ¿ustedes han visto algún avance correctivo en este tema?
Si a la Policía se le exige que reduzca el impacto que origina la delincuencia en la sociedad, ¿por qué no se le pide al contralor Nelson Shack que cada año aminore los riesgos de la inversión pública? Seguro me dirán que no es su responsabilidad. Si así fuere, ¿para qué mantenemos una institución que solo sirve de sabueso? Me van a responder que sería peor.
No digo que la Contraloría sea un desastre, pero como tal no sirve de mucho que sólo advierta de la ratería y no presente logros tangibles. Nadie puede estar contento con que cada año salga el contralor a presentarnos una tabla de índice de corrupción e inconducta funcional, cuando todo el Perú sabe que el sector público es muchas veces un botín. Ese control concurrente no funciona.
