Si bien teníamos pocas expectativas sobre el trabajo que la Defensoría del Pueblo iba a realizar bajo la gestión de Josué Gutiérrez Cóndor, lo que menos esperábamos era que se moviera dentro del Estado de Derecho, defendiera la democracia y la Constitución.
Pero, seamos sinceros, ¿sorprende que Gutiérrez Cóndor funja de defensor de un partido que ensalza a un condenado por el asesinato de cuatro policías y diga que lo hace porque afecta a quienes militan bajo el paraguas de la llamada la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.)?
Recordemos que esta alianza fue declarada ilegal por la Corte Suprema porque si bien el condenado por homicidio no es dirigente de la citada agrupación, varias de sus cabezas concuerdan con el ideario de exclusión, atentados a la democracia y los derechos humanos anuncia Antauro Humala en sus discursos ni protestaron cuando lo hizo.
La cercanía de las elecciones hace evidentes los acomodos políticos y cada quien es libre de hacerlos, pero no se puede usar una institución con un prestigio ganado, como la Defensoría del Pueblo, para respaldar a una agrupación cuya principal vindicación es destruir el Estado de Derecho.
¿Sorprende este acto de Gutiérrez? No, pero pese a que sabían a quién servía, este Congreso lo eligió y ahora todos los ciudadanos debemos sufrir las consecuencias.
