Como pasa en muchos países y en diversos sistemas jurídicos en el mundo (Romano-germánico, Anglosajón, Islámico, etc.,), la extradición, definida como el acto de entrega (Estado requerido/ESPAÑA) de un reo o presunto reo (CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI) a otro Estado que lo reclama (Estado requirente/PERÚ), para su juzgamiento, y que en su origen es eminentemente jurídica, dado que solo procede por la comisión de delitos, al final termina siendo política pues, como acaba de suceder en España, la decisión quedó en manos del poder del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Por tanto, más allá de que tendrá que resolverse un asunto procesal o adjetivo por una apelación de un pedido de asilo político denegado, la suerte del exmagistrado, está realmente echada. Hinostroza, será objeto de extradición activa para comparecer ante la justicia peruana luego de haber fugado del país en octubre de 2018.

El poder político ibérico ha hecho suya la decisión de la instancia judicial española, que lo halló responsable de tres de los cuatro delitos referidos en el cuadernillo de extradición: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, los que se encuentran debidamente tipificados en la legislación española, cumpliendo escrupulosamente con el requisito de la doble incriminación, es decir, que se encuentren vigentes en las legislaciones penales de Perú y de España. ¿Pudo el gobierno español haber decidido contrariamente a la Corte Suprema de este país?. Pues sí, guste o no.

Eso se explica porque las extradiciones, mayoritariamente, tienen impacto político, como el asilo y el refugio. Pasará con el caso de Alejandro Toledo. Si la Corte de California decide a lugar la extradición, la decisión judicial será remitida al Departamento de Estado, que lo dejará luego en manos del secretario de Estado de este país, cuya decisión será política.