El nuevo gabinete ministerial es producto de la improvisación y informalidad política. Qué duda cabe. Pero es, sobre todo, el resultado de las componendas y negociados que acompañaron la llegada de José María Balcázar a la Presidencia de la República. Cuando un gobierno nace de pactos frágiles y acuerdos bajo la mesa, su estructura inicial suele reflejar esas mismas debilidades.
La frase de Hernando de Soto resume el clima político actual: un presidente “secuestrado”. Según el economista, el mandatario habría cedido ante presiones de sectores vinculados al cerronismo y a Alianza para el Progreso para mantener cuotas de poder en el gabinete a cambio de respaldo político.
Más allá de la intención de la declaración, el mensaje es inquietante: sugiere que las decisiones de gobierno no responden a criterios técnicos ni a un proyecto nacional, sino a la necesidad de pagar favores y asegurar supervivencia.
Un Ejecutivo condicionado por sus aliados parlamentarios difícilmente puede ejercer liderazgo. El mandato de Balcázar luce débil, atado a compromisos que limitan su margen de acción y lo obligan a equilibrar intereses antes que resultados. Bajo esas circunstancias, prometer una lucha frontal contra la delincuencia y la corrupción resulta complejo. Las “malas influencias” no solo erosionan la credibilidad del gabinete, sino que obstaculizan cualquier intento serio de reforma o transparencia. El riesgo mayor es que esta fragilidad política termine contaminando el proceso electoral en curso.
