Toda democracia se sostiene sobre un principio fundamental: el respeto a la voluntad popular. Ganar una elección otorga la responsabilidad de gobernar; perderla exige la responsabilidad de aceptar el veredicto ciudadano. Por ello, cualquier señal de resistencia a reconocer los resultados oficiales por parte de una organización política genera preocupación, especialmente en un país que ha vivido años de polarización, confrontación e inestabilidad institucional.
Las reacciones del candidato Roberto Sánchez y Juntos por el Perú en las últimas horas son preocupantes. Es que resulta peligroso que trasladen la disputa del terreno institucional al político, sembrando dudas permanentes sobre la legitimidad del proceso sin esperar el pronunciamiento definitivo de los organismos electorales. La desconfianza puede convertirse rápidamente en un factor de tensión social cuando no está respaldada por pruebas concluyentes.
El Perú necesita cerrar este proceso electoral mirando hacia el futuro. Después de una campaña intensa y de una elección extremadamente ajustada, el país demanda estabilidad, gobernabilidad y respeto por las instituciones. Los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades y esperan que los líderes políticos actúen con la misma responsabilidad que se les exige a los electores. La democracia no puede quedar atrapada en una lógica donde los resultados solo son aceptados cuando favorecen a una determinada opción.
