El arma que acabó con la vida de Susy Aponte Polo, “China Polo”, había pertenecido antes a un policía, que la había declarado como “robada”.
Nueve días antes de su asesinato, la comunicadora había denunciado tres amenazas de muerte que atribuía al general Víctor Revoredo, expectorado jefe policial de La Libertad.
El secuestro de Jenss Lara y la muerte de cuatro personas en ese nefasto evento criminal apunta también a una decisiva participación de la Policía.
Si esa sospecha existe en apenas dos de los recientes hechos criminales de mayor connotación en el país, ¿qué no habrá en la totalidad de crímenes?
¿Cuántos jefes policiales, tenientes generales, generales, coroneles, comandantes, mayores y suboficiales de la PNP están manchando el uniforme con la sangre de víctimas inocentes como los choferes asesinados?
Es imposible que el Gobierno, Keiko, Galarreta y el nuevo comandante general, Fredy López Mendoza, no se hayan dado cuenta de esto. Por supuesto que saben que el crimen se ha infiltrado en el Estado y, sobre todo, en quien debe combatirlo.
El objetivo de estos miserables es que se consolide un Estado criminal.
Entonces, barrer con la pus vestida de uniforme debe ser una tarea urgente e impostergable del plan que aún no existe, pero que urge elaborar.
La tarea es titánica y no debe ser solo encomendada a López Mendoza, ni siquiera al Gobierno. ¿Dónde está el empresariado? ¿Qué ideas hay en JP, Ahora Nación, Obras y el PBG? ¿Qué propone la “sociedad civil”? ¿Alguna ONG quiere colaborar? ¿Podremos aliarnos al menos una vez?
Llegará un momento en que la bala no nos va a rozar sino que entrará de lleno. Será entonces tarde para entender que solo criticar no es suficiente.
