La reciente aprobación de la Comisión de Defensa del Congreso de la República para modificar el Decreto Legislativo N° 1186 y permitir el uso de armas de fuego en caso de flagrante delito es una medida contundente, pero necesaria frente a la grave crisis de inseguridad en Perú. La reforma habilita a la policía a actuar con mayor firmeza contra criminales que amenazan la vida de ciudadanos y efectivos policiales, promoviendo una defensa activa y disuasiva.
Ante la creciente violencia y el uso de armas letales por parte de delincuentes en todo el territorio nacional, la seguridad ciudadana exige medidas inmediatas y proporcionales a la amenaza. Esta propuesta no solo reconoce el riesgo que enfrenta la población, sino también el sacrificio diario de la Policía Nacional del Perú, que requiere un marco legal que respalde y proteja sus acciones en situaciones de peligro inminente.
Es importante que este cambio esté acompañado de protocolos claros de actuación. El uso de la fuerza debe ser total y sin dudas. No podemos permitir ni ceder un paso más ante el avance de la delincuencia.
Además, la policía necesita un entrenamiento adecuado y acceso a equipos no letales que complementarán esta política de seguridad.
El respaldo a esta medida también refleja un compromiso con el Estado de derecho, garantizando que las fuerzas del orden cuenten con herramientas eficaces para enfrentar la criminalidad sin perder de vista el respeto a la integridad de los ciudadanos.
