Ha circulado en redes la carta que el embajador peruano en España, Oscar Maurtua, escribe a la directora del diario “El País” de Madrid. En ella, hace un sinuoso ejercicio de defensa a favor del presidente Pedro Castillo frente a la gravísima denuncia formulada por la fiscal de la Nación ante el Congreso, por presuntamente liderar éste una red criminal.
Si bien la Constitución de nuestro país señala en su artículo 117° las 4 causales bajo las cuales puede ser “acusado” un presidente de la Republica en ejercicio, ello no significa que éste no pueda ser investigado por otros actos criminales, corruptos o ilegales durante ese mismo periodo de gestión; lo contrario sería soslayar y defender el imperio de la delincuencia e impunidad gobernando una Nación. Por ello, el artículo 114° de la misma Constitución, señala que el ejercicio de la Presidencia puede suspenderse por la “incapacidad temporal” del presidente, declarada por el Congreso Nacional. Es decir, lo que ha hecho la fiscal de la Nación, como defensora de la legalidad, es correcto: Ella, ha “denunciado” y trasladado los hallazgos de su investigación al Congreso de la República, para que sea éste poder del Estado el que actúe a continuación. El presidente Castillo haría bien en ponerse a derecho para deslindar las tropelías y gravísimas denuncias puestas en blanco y negro por el Ministerio Público del Perú.
Por ello, debemos señalar a la comunidad internacional que en nuestro país no hay ninguna persecución judicial ni golpe de Estado en ciernes, tramado desde el Ministerio Publico y/o los medios de comunicación. En nuestro país lo que hay, es un mandatario sometido a una investigación fiscal por los graves indicios que lo ubican en un escenario criminal. La democracia no se sustenta solo en una elección popular en las ánforas, se sustenta justamente, en la solidez de nuestras instituciones, la separación de poderes y la limpieza de los procesos que se lleven adelante para esclarecer cualquier acto de corrupción. Defender lo indefendible, justificando que los delitos que se imputan no están contemplados en “un” artículo de la Constitución, es una cobardía contra todo el Perú. Mejor, hubiera sido callar, señor embajador.
