El Congreso aprobó la investidura al gabinete Zevallos pese a que su presidente, Manuel Merino, consideró que la respuesta de las autoridades del Gobierno ante el COVID-19 “no es la que los peruanos esperábamos”. Decepcionante confianza y una oportunidad perdida para un cambio radical de las políticas que han fracasado con inmenso costo de vidas y números de contagiados que asustan a todos.
No sólo se teme a la muerte por contagio masivo, también al desborde social por hambre y desempleo cuyas cifras van creciendo sin control. Los parlamentarios se prodigaron en protestas y reclamos pero no se produjo la llamada de atención y menos la exigencia de rectificaciones urgentes, para que esas autoridades a las que se refiere Merino sean reemplazadas por expertos que detengan el genocidio que a ojos vista afecta los pobres que se refugian en la informalidad, en el trabajo en las calles con hogares pobres y hacinamiento familiar. El gobierno en lugar de golpearlos cruelmente, debe preocuparse por facilitar espacios para ese trabajo que alimenta a millones que no reciben ayuda.
Dar confianza a quienes han fracasado en defender la vida traerá consecuencias sociales y políticas por el contraste exasperante entre el discurso oficial y la realidad que pocos medios exponen solitariamente. El sistema de salud fue abandonado con la excepción del segundo gobierno aprista que construyó los hospitales que hoy nos sirven. La fragilidad sanitaria fue agudizada por la decisión de comprar pruebas rápidas, ineficientes e imprecisas, y no moleculares que nos hubieran dado mayores luces para enfrentar el virus.
La sesión de control político estuvo llena de cuestionamientos a los resultados, a las cifras oficiales, a la represión que golpea a quienes salen a trabajar por hambre, a la corrupción en compras y distribución de bonos, etc.etc Pero se habló demasiado para dar con 99 votos una confianza que la realidad no da.
