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Dos ejemplos del drama judicial al que se encuentran sometidos los ciudadanos comunes en nuestro país, en el que la justicia que la Constitución “garantiza” les es negada en los hechos por el sistema perverso que nos rige.

Primer caso: la propietaria de un pequeño inmueble demanda su restitución a su inquilino por vencimiento de contrato, ante el juzgado de paz letrado (primera instancia). Tras año y medio de juicio, en primera instancia, la declaran fundada. Medio año después, el juez civil que revisó la sentencia en segunda instancia la declara improcedente. El motivo: como la propietaria ya había solicitado a la inquilina mediante carta notarial la entrega del inmueble, esta se convirtió en ocupante precaria, en cuyo caso, aquella debió demandar ante juzgado civil (de mayor grado) y no ante el juzgado de paz letrado, como lo hizo. Consecuencia: dos años perdidos más los dos años (mínimo) que tardará el nuevo juicio, que tendrá que entablar para recuperar su propiedad. Cómo explicarle cuál es la razonabilidad de que un juez, ante toda la evidencia a su favor que la faculta a recuperar su propiedad, anteponga a la justicia un criterio de “competencia de grado” (así se llama) que solo el mundo abogadil entiende.

Segundo caso: Una pareja de esposos chilenos se somete en el Perú a un tratamiento de reproducción asistida en una clínica local, mediante el método de útero subrogado, vulgarmente llamado “vientre de alquiler”, que no está regulado por nuestro ordenamiento jurídico. Nacieron dos niños, “hijos” de la pareja, y, cuando el 25 de agosto pretendieron salir del país con ellos, rumbo al suyo, fueron detenidos por la Policía, acusados por el MP del delito de trata de personas y enviados a prisión preventiva por 12 meses por el PJ. Consecuencia: familia separada, esperanzas truncas.

Que esos dramas de nuestra justicia dejen de repetirse. Esa es la reforma judicial que el ciudadano necesita.

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