La política en el Perú se desarrolla de un modo tribal. Es como una constante guerra de bandos en las que no se admiten matices ni puntos medios. Es la razón por la que la coherencia brilla por su ausencia y nos permite ver contorsiones mentales para, por ejemplo, justificar aquello que antes parecía injustificable.
Por eso vemos cómo aquellos que antes condenaban a ciertos políticos con la sola aparición de indicios o de testimonios de colaboradores eficaces, hoy piden pruebas irrefutables contra Pedro Castillo y su entorno, prácticamente piden un voucher de recepción de una coima firmada por el mismo presidente. Es curioso porque antes le creyeron a Luis Nava cuando dio detalles de la entrega de dinero de Jorge Barata a Alan García, pero ahora dicen que solo son dichos cuando un testimonio dado en fiscalía habla de dinero entregado para Castillo.
Algunos recordamos muy bien esos días de defensas afiebradas de apristas en torno a la culpabilidad de Alan García. Quienes entonces acusaban a García, hoy hacen defensas afiebradas de Castillo. Los defensores de García, dejando a un lado el sentido común y la responsabilidad política, pedían pruebas dignas de un fallo judicial, se acogían al legalismo para blandir, cual bandera, la inocencia del líder aprista ante el huracán Lava Jato. Los defensores de Castillo, dejando a un lado el sentido común y la responsabilidad política, piden pruebas de un fallo judicial, se acogen al legalismo para blandir, cual bandera, la inocencia del presidente de la República ante el huracán de las investigaciones fiscales.
De igual modo, quienes antes repelían de los tratados del derecho internacional, incluso pedían que nuestro país salga de su influencia, hoy invocan ese derecho internacional para poder aplicar la denuncia constitucional contra Pedro Castillo.
Son tribus en las que no existe la coherencia y en la que reina la inconsistencia.
