La atención de los medios de comunicación en este inicio de año, se centra en los escándalos que involucran a algunos congresistas y funcionarios de dicho poder del Estado. Si bien existen motivos, también es evidente que por años existe una campaña política de desprestigio para con el Legislativo, cuando lo correcto es distinguir la institución Congreso de los congresistas.
El incremento de la pobreza, el decrecimiento económico, la informalidad y el desempleo, se utilizan como instrumentos para culpar al modelo económico consagrado en nuestra Constitución; cuando ocurre exactamente lo contrario.
La politización de la justicia, ha sido y es una práctica tímidamente criticada y abordada, ¿existe alguna investigación sobre el particular? Al inicio del año judicial la nueva presidenta de dicho poder del Estado hizo referencia al asumir su mandato sobre el lawfare. Semanas atrás, el tribuno Gustavo Gutiérrez, en voto singular del fallo que resuelve el caso José Chlimper, acertadamente señala (…) “el lawfare se refiere, entre otros, al “uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”. Así, se formula las siguientes preguntas: ¿Se puede considerar a un partido político como una organización criminal? La militancia que se cuenta por miles, ¿son coautores?, ¿tal vez por omisión?, ¿se puede criminalizar al poder popular que reside en el Congreso por formular iniciativas legislativas que requieren de mayorías y están expuestos al control funcional de los poderes de contrapeso, como el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional?, ¿la defensa misma es punible?.
