Hasta hace poco tiempo nos preocupaba la toma de Lima por organizaciones que impulsaban la violencia terrorista en la ciudad capital. Ahora seguimos con la preocupación por la delincuencia que ha tomado calles, avenidas, hogares y nos amenaza en cada esquina. La angustia atenaza por la ubicuidad del flagelo que parece imparable. Vivimos una dramática crisis económica y no hay acuerdo entre nuestros políticos, pero nada angustia más que las noticias policiacas. El primer deber del Estado es la defensa de la vida y no lo está asumiendo así, la inseguridad es una dinámica destructiva instalada frente a la cual el gobierno afirma tener un plan que ha comenzado con la declaración de emergencia de dos distritos limeños muy afectados y la salida de las fuerzas armadas, en apoyo de la policía nacional. Pero la emergencia debe declararse en todo Lima, no solo en dos distritos porque ello solo propiciará la eventual migración de los delincuentes de uno a otro lugar. Las organizaciones criminales han desbordado la capacidad de la policía y los afanes de los gobiernos locales. El problema es demasiado serio para la improvisación y el gobierno está obligado a soluciones mayores y radicales, incluyendo reformas y penales. El desafío no es solo para el Ejecutivo también para el Congreso, ambos deben enfrentar una violencia que nos impide vivir, trabajar, salir con la tranquilidad de la protección que nos debe el Estado. Todos exigimos tranquilidad y seguridad, en especial los pequeños empresarios tan vulnerables a la extorsión y a las granadas que vuelan por los aires sueños e inversiones. Demasiadas víctimas reclaman responsabilidad ante una delincuencia que daña la producción, el comercio y el turismo. El gobierno de Boluarte debe contrarrestar esta lacra de quienes hacen verdadero terrorismo urbano.
