Este Congreso tiene una característica bien marcada. Los legisladores se indignan, cuestionan, señalan con el dedo índice, encaran y hasta insultan a sus colegas que han dado señales claras de corrupción, pero a la hora de la verdad no los sancionan.
Un ejemplo elocuente es el accionar de la Comisión de Ética del Congreso, que ha desechado 22 informes técnicos que involucraban casos de “mochasueldos”, sobornos y otras prácticas inaceptables, incluyendo la contratación de parejas sentimentales. Entre estos informes, 9 eran conclusiones finales que recomendaban sanciones directas, mientras que 13 eran informes de calificación que sugerían profundizar las investigaciones.
Ayer ha sucedido otro hecho cuestionable. La Comisión de Ética sancionó al congresista Edgar Tello con una amonestación y 60 días multa por pedir donaciones, un caso menor ya que la denuncia principal fue la de recorte de sueldo a una trabajadora y la posterior hostilización a ésta. Sin embargo, lo peor es que en la página 69 del informe inicial de este grupo de trabajo se leía que la señora “buscó ponerse en la condición de acoso y hostilización para mantenerse en el cargo que ocupaba”.
No hay duda que los blindajes a congresistas que, por lo menos deben ser juzgados, deja en claro el nivel moral de este Parlamento. Por ello, el mayoritario rechazo de los peruanos.
