El deseo más ferviente de los peruanos al recibir el 2025 no será celebrar grandes logros ni mirar con esperanza un horizonte de desarrollo. Según la última encuesta de Datum, lo que más anhelan los ciudadanos es un país con menos extorsiones, sicariato y delincuencia. Este clamor por mayor seguridad refleja el hartazgo ante un problema que afecta cada rincón del territorio y que, hasta ahora, no ha encontrado una respuesta efectiva por parte del Estado.
Sin embargo, la inseguridad no es la única preocupación de los peruanos. En segundo y tercer lugar, se posicionan el deseo de que Dina Boluarte deje la presidencia y que se cierre el Congreso. Esto último no sorprende: el Parlamento desacreditado, enfrenta hoy uno de sus momentos más críticos. Según un sondeo de Ipsos realizado hace dos meses, el 92% de los ciudadanos no confía en este poder del Estado, y apenas el 7% lo respalda.
A este desprestigio se suma el reciente escándalo de una presunta red de prostitución dentro del Congreso. Un hecho gravísimo que no solo ensucia aún más la ya debilitada imagen parlamentaria, sino que pone en evidencia una preocupante cultura de componendas, blindajes y manejos oscuros. Lo más alarmante es la posibilidad de que este caso quede enterrado bajo el peso del silencio y la complicidad, como tantos otros.
La denuncia del presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, sobre “votos a cambio de sexo” es un golpe directo a la credibilidad de la institución. Sin embargo, lo que debería ser un punto de inflexión podría convertirse en otra página vergonzosa. El Congreso ha demostrado una habilidad inquietante para reagruparse en defensa de sus intereses, dejando de lado las demandas de transparencia y justicia que exige la ciudadanía.
