El Congreso acaba de propinar duros golpes a la reforma universitaria y al sistema privado de pensiones. En el primer caso atenta contra la calidad educativa y en el segundo contra siete millones de afiliados que se quedarán sin fondos. Está claro que las medidas populistas en el Legislativo han reemplazado al debate y la búsqueda de respuestas serias a los problemas que se plantean en nuestro país. Debe ser por eso que la inmensa mayoría de peruanos desaprueba su gestión. Solo volverá a ser una institución con prestigio y jerarquía si impulsa proyectos sensatos, que no se desnaturalicen y que sirvan para el desarrollo del Perú.
Pese a algunos cuestionamientos, la reforma universitaria le dio paso a la meritocracia, mejoró la calidad e infraestructura de las universidades y erradicó a los rectores vitalicios. Desarticular y tirarse abajo todo esto solo genera incertidumbre.
El afán de los congresistas de darle apariencia técnica a sus decisiones se estrella contra la realidad. Es evidente que hay intereses personales y partidarios para promover estos proyectos.
El Congreso solo recuperará su imagen y tendrá condiciones favorables si remonta rápidamente las adversidades que han mermado su calidad en los últimos años. ¿Cómo? Sirviendo al bien común y no a sus beneficios políticos.
