Es de esperarse que los fiscales y jueces que resulten implicados en el escándalo que tiene como protagonista al exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, más conocido como “Chibolín”, sean tratados con sus colegas con el rigor que exige la ciudadanía en caso hayan cometido los delitos que muchos sospechamos.
Lo señalamos porque resulta extraño que el juez supremo Juan Carlos Checkley no haya dispuesto prisión preventiva contra la fiscal superior Elizabeth Peralta a pesar de los indicios detectados durante un allanamiento, los cuales mostrarían que buscaba entorpecer las investigaciones.
Partiendo de esta situación, cabe exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar sin afán de blindar al colega caído en desgracias por sus nexos con el impresentable de Hurtado Grados. Y si es así, deberían entrar a tallar los órganos de control, pues a estas alturas no se pueden permitir favoritismos de ninguna índole.
En el país se han dictado prisiones preventivas con muchos menos indicios encontrados alrededor de ls fiscal Peralta, quien incluso tenía lista una maleta con objetos personales y ropa para una aparente fuga, además de anotaciones que indicarían que pretendía borrar evidencias. Nada de esto huele bien, por lo que queda estar muy atentos con el trabajo de jueces y fiscales encargados de procesar a sus colegas.
