El Estado promueve la inversión privada, lo que es sano y justo para el desarrollo del país. Sin embargo, la regulación en el campo digital es una falencia aprovechada por algunos empresarios, como aquellos que ofrecen los aplicativos para taxis sin tener una atención presencial que los haga responsables de la calidad del servicio. ¿Quién responde en caso haya una agresión a un pasajero, solo el chofer o también quien brinda la plataforma de contacto?
Por supuesto que esa duda de asumir la responsabilidad en la calidad del servicio va en perjuicio del usuario, quien sube a un vehículo garantizado por la aplicación que tiene en su dispositivo móvil. Es decir, el pasajero considera que al tomar un taxi registrado por una empresa digital se asegura el viaje. Lo que no sabe es que el aplicativo, por ahora, solo es un intermediario que funge de “jalador” para que suba el cliente.
Por tal motivo, por ejemplo, en las noticias de taxistas que dopan a sus pasajeros, quienes, previamente, habían solicitado el servicio a través de su celular, las víctimas solo pueden acudir a la comisaría a registrar la denuncia. La pregunta es: ¿por qué no puede responsabilizar como tercero a la empresa del aplicativo por el peligro del servicio? Sencillamente, porque no tienen un espacio físico, por lo que, a lo mucho, anularán el registro del taxi.
Cuando el Ejecutivo intentó proponer una ley regulatoria que exija, al menos, la presencia física de la empresa que ofrece el aplicativo, por el que cobra una comisión a los choferes, el Congreso de la República adormitó el proyecto. Se sabe que hay otras iniciativas de ley por el mismo camino, pero, lamentablemente, no pasan ni al debate. ¿Quién cuida de los usuarios? Por ahora, siguen ciegos, en el desamparo, a la espera de un marco regulatorio.
