El Congreso ha otorgado al Ejecutivo facultades para legislar en áreas claves como la reactivación económica, la simplificación y calidad regulatoria, la seguridad ciudadana y la defensa nacional. Para algunos, esto es una señal de que el Parlamento está tan absorto en sus propios intereses que no tiene tiempo para legislar en beneficio de sus representados. Para otros, es una muestra de una relación de conveniencia que actualmente disfruta de una buena salud.
Lo cierto es que no es la primera vez que el Congreso cede estas facultades al gobierno. El año pasado ocurrió lo mismo, pero los resultados concretos en favor de la población siguen siendo escasos. A pesar de la falta de buenas leyes que generen estabilidad, no hay cuestionamientos serios por parte del Parlamento hacia el Ejecutivo. Este comportamiento sugiere un pacto de silencio, un acuerdo tácito para no criticarse mutuamente.
Es evidente que la situación del país no es buena. La crisis económica y la inseguridad ciudadana son problemas que afectan a millones de peruanos, y la inacción o la mala gestión solo agravan estas dificultades.
La esperanza de todos los ciudadanos es que, esta vez, el gobierno responda con planes concretos, medidas efectivas y la firmeza necesaria para abordar los problemas que enfrenta el Perú. La responsabilidad del gobierno es enorme, y es fundamental que actúe con transparencia y eficiencia antes de que sea demasiado tarde.
