Esta semana el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas de la Comisión de Defensa que habían votado en favor de un dictamen que propone que militares y policías en retiro reciban el integro de su pensión y su sueldo como parlamentarios.
Llama la atención que el Ministerio Público, a quien corresponde defender la legalidad, denuncia a congresistas que actúan en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 93 de la Constitución señala que “los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones”, ello significa que los congresistas pueden votar por convicción, por consigna, por utilidad, por respaldo, por conveniencia, etc.
El artículo 10 de la Constitución señala que “el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social”; el artículo 11 señala que “el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones” (…) Las prestaciones de la seguridad social son dos, prestaciones de salud y prestaciones económicas. Las de salud se refieren a atención médica y otorgamiento de subsidios y las prestaciones económicas se refieren al pago de una suma de dinero mensual (pensión) que se otorga luego de cumplir una serie de requisitos, siendo uno de ellos el aporte mensual durante la vida laboral del trabajador.
La Constitución se respeta. Necesitamos autoridades con madurez democrática que coordinen y no confronten.
