Ante los graves y trágicos hechos ocurridos el último fin de semana en la provincia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, en que un grupo de delincuentes en su mayoría venezolanos atacó las instalaciones de la minera formal Poderosa con la idea de robar, y acabó con la vida de nueve trabajadores, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados.
En el Perú no pueden existir “zonas liberadas” a merced de la delincuencia por más alejadas que estén. Por eso, la Policía Nacional, está en la obligación de capturar y resguardar las instalaciones, quizá con el apoyo del Ejército, de una empresa formal que cumple con todos los requisitos que le pone el Estado para operar y generar bienestar.
De otra parte, el Ministerio Público, ese que tan mal anda por estos días, tiene que actuar con mano dura ante los detenidos que tendrían vínculos con la banda internacional conocida como El tren de Aragua, integrada por hampones venezolanos de alta peligrosidad como los que en muchas ocasiones, lamentablemente, son devueltos a las calles por malos fiscales.
En sus viajes por el mundo, la presidenta Dina Boluarte suele llamar a inversionistas a que vengan al Perú, lo cual está muy bien, pero si van a venir para que una turba de indeseables les caiga encima y mate a sus trabajadores para tratar de robar sus bienes, algo no cuadra en la convocatoria de la mandataria.
El Perú no puede seguir en manos de delincuentes. Sin mano dura, no vamos a ninguna parte.
