Una muy mala señal en la lucha contra la criminalidad que hace falta en el país es que el gobierno esté apelando a la inaplicable y demagógica pena de muerte, y que de otro lado haya planteado el retorno del ilegal servicio militar obligatorio, como si la lucha contra el crimen, la extorsión, el robo y el secuestro fuera labor de soldados forzosos de las Fuerzas Armadas, cuando lo que hace falta son más y mejores policías en las calles y haciendo labores de inteligencia para dar con los hampones que se amparan en la tecnología.
Respecto a la pena de muerte, es evidente que una administración débil y de salida como la de la presidenta Dina Boluarte, que además no tiene bancada en el Congreso, no va a poder llevar a cabo semejante reforma constitucional por más que hayan armado una serie de mesas redondas en provincias con la supuesta intención de recoger el sentir de los peruanos afectados por la violencia. Estamos ante una cortina de humo, ante un planteamiento populista que no irá a ninguna parte.
Sobre el servicio militar, que se entiende que es para movilizar un mayor volumen de tropas en la lucha contra la criminalidad, es bueno precisar que ya conocemos los pobres resultados de los estados de emergencia tanto en Lima y Trujillo, como en zonas más alejadas como la provincia de Pataz (La Libertad). De otro lado, cabría preguntarse si hay dinero y voluntad para dotar al sector Defensa de los recursos necesarios para formar, vestir, alimentar, remunerar y cubrir gastos de salud de miles de nuevos soldados.
Más grave aún sería que el gobierno pretenda apelar al servicio militar obligatorio para que los jóvenes sin empleo y sin estudio pasen a los cuarteles para que no estén en las calles o integrando bandas criminales. Ojo, los centros de formación y las unidades militares no son correccionales ni penales, sino lugares a los que se va a servir a la patria. Del mismo modo, los militares tampoco son sicólogos ni docentes como para hacerse cargo de la conducta de potenciales delincuentes. Sería un grave error.
Los peruanos deberíamos estar muy preocupados si estamos en manos de un gobierno que apela a estas dos medidas como “bastiones” en la lucha contra la inseguridad en las calles, y si insiste en mantener en el cargo a un ministro más que cuestionado como Juan José Santiváñez, que hoy se juega la censura ante un Congreso donde muchas cosas se “conversan” (por no usar otro término) por debajo de la mesa, por lo que cualquier cosa podría pasar.
