Los problemas del Perú no conseguirán resolverse si la administración pública adolece de personas calificadas, persistiendo la deficiencia precisada en la Política de Modernización Pública del año 2013, pues no se ha logrado implementar “los perfiles de puestos y el número óptimo de profesionales requeridos por cada perfil bajo un enfoque de carga de trabajo y pertinencia para el logro de resultados”.
Por eso seguimos escuchando discursos que no se concretan en la realidad, particularmente en salud, seguridad y educación. Y así, después de haber superado el acmé del COVID-19, nuestro sistema de salud sigue desarticulado y deficiente; nuestras Fuerzas Armadas –con 40 años combatiendo en el VRAEM– siguen transportándose en vehículos sin el blindaje adecuado; y, tras casi once años de promulgada la Ley de Reforma Magisterial, se pretende evadir la prueba nacional clasificatoria requerida para acceder a la carrera pública magisterial.
Para que la meritocracia sea el norte de la gestión pública es indispensable que las plazas se adjudiquen en función de los méritos personales y que estas cualidades se demuestren con soluciones efectivas.
El Perú urge de profesionales que optimicen la gestión pública para optimizar la atención en los hospitales; de maestros que cumplan la ley para incorporarse a la carrera magisterial garantizando el futuro del país; de universidades en continuo mejoramiento de calidad y no con licenciamiento permanente; y de Fuerzas Armadas con equipamiento adecuado, respaldadas por un Estado que asegure la promoción de la continuidad de la profesión militar –garantía de la seguridad nacional– actualmente amenazada con la reducción del presupuesto, y –peor– con un proyecto de ley que pone en riesgo al Fondo de Garantía Pensionario Militar y Policial: ¡Cuidado! ¡el Congreso de la República no debe traicionar al Perú!
