Mientras los incendios forestales devastan nuestra selva, afectando a más de 20 regiones y cobrando la vida de 15 peruanos, el Gobierno parece subestimar la gravedad de la situación. Las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al afirmar que “no hay motivos graves” para declarar el estado de emergencia y que “no necesitamos ayuda internacional”, son una muestra clara de la desconexión entre la realidad del desastre y la respuesta oficial.
Es inconcebible que, frente a uno de los peores desastres ambientales de los últimos años, el Ejecutivo se mantenga en una postura de espera. La magnitud del problema no solo exige acción inmediata, sino también la colaboración de todas las fuerzas posibles, tanto internas como internacionales. Ayer en este espacio saludamos la presencia de la presidenta Dina Boluarte en Amazonas, pero eso no parece suficiente.
Ante esto, el Congreso ha tomado una decisión drástica: negar el permiso de viaje a la presidenta para asistir a exponer ante la Asamblea General de la ONU, en Estados Unidos. El mensaje es claro: no es momento de excusas ni de desviar la atención. El Gobierno debe actuar con la urgencia y responsabilidad que la situación demanda. Cada minuto cuenta en la lucha contra estos incendios, y cada día que se pierde en inacción pone en peligro más vidas humanas y recursos naturales irrecuperables.
