Mucho nos quejamos ahora que el asesino venezolano Sergio Tarache aún no es traído al Perú desde Colombia, donde fue capturado, para que responda por el asesinato de su joven expareja, a la que roció gasolina y quemó cerca de la Plaza Dos de Mayo, para luego huir como un cobarde. Sin embargo, este criminal pudo escapar del país debido a la lentitud de nuestro sistema de justicia, que tardó más de la cuenta en tramitar su impedimento de salida por motivos que tendrán que ser explicados por los responsables.
También como sociedad nos lamentamos del vil asesinato de una trabajadora de EsSalud a manos de dos de sus compañeros de trabajo que además la violaron. No obstante, poco se dice que un médico legista del Ministerio Público que la evaluó inicialmente en Ayaviri, indicó en su informe que sus lesiones eran “leves”, pese a que luego hubo que traer a la víctima a Lima, donde le amputaron una pierna días antes de morir. Este sujeto también merece ser sancionado con la pena máxima que le corresponda.
Acá el sistema de justicia no ha funcionado en su misión de proteger a la sociedad de asesinos y violadores de mujeres. Tarache debería estar hace rato preso en Lima, mientras que la enfermera de EsSalud quizá pudo recibir mejor atención de no haber aparecido por allí un médico legista que dijo que no tenía casi nada. El Estado ha fallado por más que sus representantes se llenen la boca condenando estos crímenes y hablando de hacer campañas para erradicar a estos salvajes.
Lo mismo sucede respeto a la sanguinaria terrorista Martha Huatay. Hoy no sabemos si esta hiena está viva o muerta, todo porque se le dejó salir del país pese a que tenía o tiene un proceso pendiente por el atentado de la calle Tarata, en Miraflores. Fue acusada de uno de los más salvajes atentados dinamiteros sufridos por Lima en los años 90 y debía afrontar un proceso por eso, pero la escudera de Abimael Guzmán pudo cruzar la frontera por la puerta grande y quizá con su pasaporte en la mano.
Nuestro sistema de justicia no puede seguir siendo una coladera que permita que criminales de alto vuelo se burlen de sus víctimas y de los peruanos. Si no somos capaces de poner a buen recaudo a esta clase de elementos a todas luces nocivos, o por allí aparece un médico del Ministerio Público para afirmar que una víctima de violación y tortura solo tiene lesiones leves, pese a que después muere a causa de las heridas sufridas, entonces queda mucho por corregir en nuestro querido Perú.
