En la madrugada de ayer, un chofer de combi de apenas 19 años fue asesinado a balazos por sicarios enviados por presuntos extorsionadores, mientras circulaba en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. Se trata de Kenjo Mendocilla Estela, quien ha pasado a engrosar la penosa e indignante lista de trabajadores vinculados al transporte de pasajeros que han perdido la vida en medio de esta ola de violencia que se está haciendo parte del paisaje del Perú de hoy.

De acuerdo al Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp, hasta setiembre del año pasado habían sido asesinados 101 taxistas y mototaxistas, y 79 choferes de colectivos, micros y buses, una evidencia clarísima que desde hace tiempo se han debido tomar medidas para frenar esta escalada criminal en un sector en especifico. Por estos días, en Correo Lima, cada dos o tres días venimos dando cuenta de asesinatos a balazos de transportistas que son víctimas de extorsión.

En octubre del año pasado vacaron por unanimidad a la expresidenta Dina Boluarte a las pocas horas de que un grupo musical fue atacado a balazos en un concierto en Chorrillos. Si bien el objetivo no fue alguien del sector transporte, la indignación se hizo general porque quedaba demostrado que nadie estaba a salvo de las balas de los asesinos por más estados de emergencia que se disponían. Se exigían soluciones, pero la señora se fue a su casa, han pasado casi cinco meses, y todo sigue igual o peor. Las cifras no mienten.

En los pocos meses que estuvo José Jerí como encargado de la Presidencia de la República se lanzó bastante fuego artificial con batidas, inspecciones, requisas en las cárceles, traslados de criminales y demás, pero la extorsión y el sicariato siguieron matando transportistas que antes hacían paros frecuentes para exigir la atención de las autoridades. Hoy algunos gremios marcharán por el Centro de Lima y tratarán de llegar a Palacio de Gobierno para exigir soluciones.

Se vienen elecciones y los candidatos ofrecen de todo para atraer votos. Sin embargo, si hay vidas de por medio, las acciones que den resultados en la lucha contra el crimen no pueden esperar hasta julio próximo. Cualquier gobierno que esté en funciones, así dure una semana o dos, está en la obligación de trabajar para eliminar o encerrar a estos delincuentes que parecen ser los más felices de vivir en un país donde el Estado no funciona para hacerles frente.