Los integrantes de las instituciones armadas tienen criterios claros sobre su rol en democracia, el cual no consiste precisamente en no pensar. Analizan, evalúan lo más conveniente para cumplir con su misión en el contexto político y social. Lo hacen por formación, pues sus decisiones involucran vidas humanas. Decir que no son deliberantes no quiere significa que no analizan, lo hacen permanentemente en las instancias internas porque son responsables de sus acciones por mandato constitucional. Aquí puede aparecer un contrasentido ético-jurídico, no se pronuncian como poder fáctico que tiene la fuerza de las armas pero no pueden dejar de dirigir su institución tutelar dentro de un estado de derecho.
La no-deliberancia es “neutralidad política”, sus acciones no pueden ser partidistas ni partidarias pero las políticas de Estado obligan a todos. La otra cara es la responsabilidad de los líderes políticos y más aún del gobernante que debe tener la misma dosis de racionalidad y patriotismo exigida a la institucionalidad castrense que no puede sufrir mandatos arbitrarios ni ser manipulada ni ignorada. El término “no-deliberante” busca el equilibrio en las relaciones de poder, evitar afanes caudillistas, y culturas autoritarias sin espacios para el diálogo. Pero ningún irrespeto ni exceso es admisible contra las instituciones castrenses, formadas en el amor a la patria, el honor y el respeto.
La conducción civil del Ministerio de Defensa implica escrupulosa autoridad, dese el conocimiento y la experiencia, en el manejo de los asuntos militares. Todos los peruanos con uniforme o sin él estamos comprometidos con la gobernabilidad. Y el presidente de la República, supremo jefe de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, aún más. Tiene que dar el ejemplo, asumir moral y éticamente su personificación de la nación. No se trata de lealtades más o menos sino de cumplir la Constitución, de respetar las Fuerzas Armadas y de que los ascensos respondan siempre a la meritocracia.
