El Congreso representa, legisla y fiscaliza, pero esta última función es cada vez más riesgosa. La Comisión de Fiscalización, que preside Gustavo Rondón, pisa demasiados callos. Con tono profesional y tranquilidad desusada entre los congresistas, el galeno ha dispuesto acciones que afectan a la pareja de Palacio. Por ejemplo, solicitar el levantamiento bancario y tributario de la presidenta del Partido Nacionalista o investigar la misteriosa muerte de Emerson Fasabi, o buscar y rebuscar demasiado sobre el contenido de las cuatro agendas. Sus acciones alcanzan al círculo cercano de Nadine Heredia, a su madre Antonia Alarcón, a su amiga Rocío Calderón, a su hermano Ilan Heredia, etc.

Por ello las reacciones vienen rápidamente contra Rondón por haber anunciado que la Comisión ahora sí podrá saber “de dónde vino y adónde fue a parar el dinero”. Hay demasiado en juego para dejarlo avanzar, el lavado de activos no es un delito menor y genera prisión preventiva. La bancada de Gana Perú ya anunció la censura a Rondón para que sea retirado de tan incómoda presidencia presuntamente por haber divulgado a los medios las pesquisas antes de presentarlas a la Comisión. Y por un supuesto acoso político. Los oficialistas no permitirán, afirman, que se siga pisoteando los derechos fundamentales de la Primera Dama. Hasta la siempre serena Ana Jara lo ha acusado de adelantar opinión y revelar pruebas.

Para coronar el pastel, el mismo Ollanta Humala no ha vacilado en pintar a su esposa como víctima de violencia política por un sector de la prensa y en asimilar su caso a la violencia de género. Podría aparecer jocoso si no se tratara del mandatario de todos los peruanos que identifica a su esposa con el género femenino. Heredia es la más alta dirigente del partido de gobierno con todos los recursos -y el aparato del Estado- para defenderse sola, al nivel de su responsabilidad. No es una frágil dama victimizada.

Nadie hubiera querido que fuera así, pero es. No proceden ni blindaje parlamentario ni permisividad. Sobre Heredia pesa una gran mentira sobre el origen y uso de dineros no declarados. Y toda maniobra para protegerla agrava su caso. No es ni puede ser intocable y el Congreso lo sabe bien.

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