El Perú ha retrocedido en el Índice de Progreso Social. No es un dato aislado ni una sorpresa. Es el reflejo de fallas estructurales que el país arrastra hace años y que pocos quieren enfrentar.
Una de ellas es la descentralización. Un proceso que, en teoría, buscaba acercar el Estado al ciudadano, pero que en la práctica no está cumpliendo. Hoy, los gobiernos regionales y, sobre todo, las municipalidades concentran una porción creciente de los recursos públicos, pero no logran traducirlos en obras ni en mejoras concretas en la calidad de vida. Las cifras lo evidencian. Según el MEF, los gobiernos locales administraron el año pasado más de S/ 30,000 millones en inversión pública, pero menos de la mitad del Gobierno nacional y el doble que los gobiernos regionales.
Sin embargo, su nivel de ejecución apenas superó el 70%, mientras que los otros dos niveles superaron el 90%. El problema no es solo de capacidades. También lo es de diseño. Los municipios, el eslabón más débil del aparato público, están sobrecargados de funciones bajo la premisa de ser “los más cercanos al ciudadano”, pero aún sin capacidades técnicas suficientes. A ello se suma la falta de planificación. Iniciaron el año con un presupuesto de S/ 16,000 millones y terminaron administrando casi el doble. Es difícil exigir resultados cuando ni siquiera hay claridad sobre los recursos disponibles.
Los tres niveles de gobierno no están operando como un equipo. Mientras esa desarticulación persista, los recursos seguirán diluyéndose sin impacto. El retroceso en progreso social no es casualidad. Es consecuencia de decisiones —y omisiones— que seguimos sin corregir. Y, sin embargo, no vemos candidatos hablando de esto.
