La corrupción y la ineficiencia funcional se han arraigado en nuestra sociedad de una manera alarmante, convirtiéndose en una triste tradición que se repite año tras año. Los datos son contundentes y preocupantes: por tercer año consecutivo, las pérdidas para el Estado debido a estas prácticas deshonestas han superado los 24 mil millones de soles. El contralor Nelson Shack ha señalado que con los fondos destinados a estas consultorías se podría erradicar la pobreza en tan solo dos años. Sin embargo, a pesar de estas cifras alarmantes que todos conocemos, las acciones para combatir este flagelo brillan por su ausencia. Es inaceptable que año tras año se permita que el 12.7% del presupuesto destinado a las instituciones públicas caiga en manos de la corrupción. Por otro lado, el creciente gasto en consultorías es igualmente preocupante. El aumento del 15% entre 2022 y 2023 refleja claramente la incapacidad de los funcionarios estatales para gestionar adecuadamente sus instituciones. Esto evidencia una falta de competencia y experiencia que obliga a recurrir a consultores externos, muchos de los cuales tienen agendas ideológicas al pertenecer a ONGs.
Es hora de que el Estado tome medidas drásticas para poner fin a esta situación. Se requiere una reforma profunda que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones.
