El reciente incendio ocurrido en el centro de Lima, cuyo origen preliminar estaría vinculado al uso de pirotécnicos que habrían ingresado a una vivienda, vuelve a poner sobre la mesa una discusión urgente: la débil regulación del comercio y uso de estos artefactos en zonas urbanas densamente pobladas. Más allá de las investigaciones técnicas que determinarán responsabilidades específicas, el hecho revela una falla estructural en la gestión del riesgo urbano y en la protección de la vida y el patrimonio.
El Centro de Lima y otras zonas de la ciudad, concentran viviendas antiguas, muchas de ellas tugurizadas, con instalaciones eléctricas precarias y materiales altamente inflamables. En ese contexto, la circulación libre de pirotécnicos no es una simple tradición festiva, sino un factor de riesgo evidente. Un solo artefacto fuera de control puede desencadenar tragedias humanas, pérdidas irreparables y un enorme costo público en atención de emergencias y reconstrucción.
Resulta razonable, entonces, plantear una reforma clara: prohibir la venta de pirotécnicos a personas naturales y permitir su adquisición únicamente a compradores institucionales debidamente autorizados. Municipalidades, organizadores de eventos, empresas especializadas y entidades públicas podrían acceder a estos productos bajo estrictos protocolos de seguridad, capacitación obligatoria, seguros de responsabilidad civil y supervisión técnica. Esta medida no elimina las celebraciones, pero sí profesionaliza su ejecución y reduce drásticamente los riesgos.
Los incendios de este fin de año deben servir de punto de inflexión para repensar nuestras normas, fortalecer la prevención y asumir que la seguridad urbana exige decisiones firmes, incluso cuando estas desafían costumbres arraigadas. Celebrar no debería nunca implicar poner en peligro a toda una ciudad.
