Si tenemos congresistas a los que les gusta usar recursos del Poder Legislativo para hacer campañas políticas o electorales, lo primero que tendría que hacer el Congreso es suspender las llamadas semanas de representación, pues ya se han detectado varios casos en que los “otorongos”, no cabe acá otro término, se han valido de viajes supuestamente de trabajo a las diferentes regiones para apuntalar partidos o candidaturas, actividades que nada tienen que ver con su función de legislar, fiscalizar y representar.
Haca pocos días se ha denunciado que la apepista Rosío Torres usaba los viajes de semana de representación a Iquitos para llevar, a través de los trabajadores de su despacho, llaveros, gorras y pancartas para la campaña proselitista de su esposo, que aspiraba a ser gobernador de Loreto. También se ha sabido que el congresista Guido Bellido (Podemos) fue a Ayacucho con pasajes pagados por el Congreso para hacer de orador principal en una actividad de su agrupación política. Todo esto con la nuestra.
Meses atrás se supo a través de un programa periodístico que la legisladora Flor Pablo (no agrupada) fue con recursos del Estado a Ayacucho y Cusco, donde participó en actividades de promoción del partido político que buscaba inscribir. En un primer momento la congresista elegida por el Partido Morado trató de defender su cuestionado viaje. Aseguró que no había nada irregular, pero finalmente terminó devolviendo el monto desembolsado por el Congreso.
Son los casos que se van conociendo, pero cuántos más habrá. Se debe tener en cuenta que ahora los congresistas tienen la posibilidad de ir a la reelección en el 2026 y que sin duda muchos van a estar desatados tratando de promocionar su imagen en sus lugares de origen, y qué mejor si esto les sale gratis gracias a los viajes que les paga el Congreso para que supuestamente hagan labor parlamentaria y estén en contacto con las necesidades de las regiones por las que fueron elegidos.
El que quiere hacer campaña, que la haga con su plata. Por eso, hoy mismo el Congreso debería cortar con las semanas de representación hasta el día siguiente de las elecciones generales del 2026. No se puede dejar el menor espacio para que los “otorongos” le saquen la vuelta al país y a los peruanos que no tienen por qué estar cubriendo gastos de actividades proselitistas que no les generan beneficio. ¿Se atreverán a hacerlo o seguirán cuidando sus bolsillos?
