Seis investigaciones fiscales han sido abiertas al presidente del Perú y a su entorno familiar y amical, todo un récord para un mandatario en ejercicio de sus funciones constitucionales. Las fuentes de información y los indicios de la tesis fiscal habrían sido proporcionados por los ahora colaboradores eficaces. Al presidente del Perú se le investiga por, presuntamente, ser el líder de una organización criminal, de una gavilla de asaltantes del Estado, ni más, ni menos. Muchos, incluyendo al propio mandatario, reclaman que no hay una sola prueba que lo sindique, pero al igual que sucede en otros casos emblemáticos, la victimización de los acusados suele ser una vía común para distorsionar la investigación y confundir a la ciudadanía.
Mientras tanto, el recientemente ratificado premier, Aníbal Torres, continúa con sus dislates y discursos poco atinados, cargados de mucha politiquería e irresponsabilidad, escudándose en una presunta conspiración de “todos” contra el presidente Castillo, de una extraña triangulación perversa y denominada “golpista” entre la prensa, el Poder Judicial y el Ministerio Publico. Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor, decía Francisco de Quevedo. Lo cierto es que las investigaciones fiscales continúan y saltan a la vista los múltiples indicios, las múltiples obras publicas otorgadas a dedo a empresas allegadas al mandatario y su entorno más íntimo, la repartija de dinero imposible de justificar lícitamente. “Pájaros fruteros”, “rateros de poca monta” señalan algunos, pero lo cierto es que es tan corrupto y ladrón quien roba uno, que quien roba tres.
Que el presidente acuda a declarar al Ministerio Publico y decida guardar silencio, no se condice con su discurso de supuesta inocencia o transparencia y más bien su propia decisión lo envuelve con más intensidad en un halo de culpabilidad. Es una lástima que un país maravilloso como el nuestro, este gobernado por un cumulo de personas prontuariadas, acusadas o señaladas por la justicia por actos reprochables e ilegales, que auspicien la violencia contra la institucionalidad nacional, la confrontación entre peruanos, entre capitalinos y provincianos, entre pobres y ricos en lugar de promover el desarrollo nacional, la mejora de servicios públicos, la unión de esfuerzos, la inversión privada y la generación de empleo y crecimiento decidido de nuestro país.
