Sorpresiva, por lo inusual, fue la orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en el marco de una investigación preparatoria que se les sigue por lavado de activos.

Los cargos determinantes han sido los aportes millonarios para las campañas políticas de 2006 y 2011 provenientes de Venezuela y Brasil, respectivamente; los audios que comprometen a OH en la compra de testigos; el anticipo de legítima del inmueble de su propiedad a favor de sus hijos; y la inasistencia a la audiencia programa por el Ministerio Público. En cuanto a NH, pesó el haber negado la propiedad de las agendas, falsear los trazos de su puño gráfico en la pericia sobre las mismas y la designación “de favor” al cargo que iba a ejercer en la FAO. Estos constituyen, en el razonamiento judicial, elementos de convicción de una conducta obstruccionista al trabajo de la Fiscalía, lo que justifica el cambio de comparecencia restringida a prisión preventiva solicitado por el fiscal Juárez Atoche.

Sin embargo, más allá de si se cumplieron los presupuestos procesales que justifiquen la imposición de esta medida, sobre la que venimos escuchando las conocidas voces discordantes, lo relevante es que la justicia se aplique con celeridad y equidad para todos aquellos que se encuentran inmersos en la investigación de graves delitos de corrupción y no aprovechen el dinero y poder que obtuvieron para obstruir a la justicia o pretendan eludirla, poniéndose a buen recaudo, como ya lo hizo el expresidente Alejandro Toledo, para indignación de todos los peruanos.