En los próximos días el Pleno del Congreso podría perpetrar, por iniciativa de dos congresistas elegidos por el partido del delincuente Vladimir Cerrón, un atropello contra la libertad y prensa, pero sobre todo, contra el derecho de los ciudadanos a estar informados, algo que parece molestar mucho a políticos dudosos que tienen muchas cosas que ocultar y que desearían ver mudo al periodismo independiente que no se dedica a pasarles la franela ni a “destacar” el “gran trabajo” que hacen por el país.

Se trata de una nueva “ley mordaza” que a través de una modificación al Código Penal pretende incrementar las sanciones por los delitos de difamación y calumnia, pese a que la tendencia mundial es retirarlos de ámbito penal y llevarlos al civil; modificar los plazos para la rectificación e incorporar del delito de “violación a la intimidad”, aun absurdo completo, especialmente cuando se trata de personajes públicos o autoridades cuyas acciones son de interés general.

Esta descabellada propuesta que sin duda busca intimidar y callar a los periodistas, es obra de Segundo Montalvo (Perú Libre), uno de los legisladores más hostiles a la libertad de prensa y al derecho a la información de los ciudadanos; y de la efímera exministra castillista Katy Ugarte, recordada por haber sido suspendida por 30 días con aplastante votación del Pleno tras haber sido señalada en un programa dominical de exigir dinero a trabajadores de su despacho parlamentario.

No debería llamar la atención que gente elegida por el partido de Cerrón presente este tipo de iniciativas reñidas con la democracia y la libertad de prensa. Recordemos el nefasto “ideario” de Perú Libre, su partido inspirado en el desastre cubano, venezolano y nicaragüense. Sorprende, sí, que este proyecto haya sido aprobado en primera votación con el apoyo de bancadas que dicen ser parte del llamado “bloque democrático”, que en teoría son la mayoría. Los fujimoristas optaron por la abstención.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y gremios locales han expresado su preocupación por esta iniciativa, pues está claro que a muchos en este Congreso plagado de delincuentes y sinvergüenzas como los “niños” y “mochasueldos”, no les gusta que los periodistas tengan la libertad para investigar y poner luces sobre sus acciones –así sea de manera muy responsable–, y que en muchos casos los legisladores terminen con carpetas abiertas en el Ministerio Público, como ya ha pasado. ¿Venganza?