¿Queremos que el Perú sea un país espectador en el escenario global? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que normalizamos la inestabilidad política y la falta de rumbo. Porque la inestabilidad no es un concepto abstracto: tiene costos concretos. Se expresa en la ausencia de liderazgos capaces de conducir al país en un mundo que se reorganiza a gran velocidad, donde las nuevas alianzas políticas, comerciales y geoestratégicas exigen visión de Estado, capacidad técnica y reflejos oportunos para defender el interés nacional.
Si aspiramos a competir, el recurso más valioso no es el financiero, sino el humano. Sin embargo, hoy es precisamente el más escaso en el sector público. La gestión estatal se ha vuelto poco atractiva para profesionales competentes, no por falta de vocación, sino por la fragilidad de la institucionalidad. Cuando el mérito no se protege, cuando la estabilidad es precaria y cuando la decisión política se impone sobre el criterio técnico, el servicio público deja de ser un espacio de construcción de país y pasa a ser un riesgo personal y profesional.
¿Podemos exigir resultados distintos si el sistema expulsa talento y desalienta el compromiso? En ese contexto, el Perú no queda relegado por fuerzas externas, sino por decisiones propias, marcadas por una mirada inmadura y cortoplacista que sacrifica el futuro por la coyuntura.
El mundo compite hoy en las grandes ligas de la economía, la innovación y la geopolítica. La pregunta es inevitable: ¿queremos participar como jugadores o resignarnos a observar desde la tribuna? No basta con reconocer el escenario. Los tiempos que vivimos no admiten improvisación ni ligereza: exigen claridad de rumbo, institucionalidad sólida y la valentía de tomar decisiones que trasciendan la coyuntura política.
