Pese a que Petroperú permite el uso y manejo de un recurso estratégico como los combustibles desde el Estado, el gobierno publicó el DU 010-2025 para reorganizarla patrimonialmente, temiéndose por su privatización al autorizarse la fragmentación de activos, la gestión privada de los mismos y el pago prioritario de acreedores financieros.
Se está transfiriendo valor al sector privado y se despoja al Estado de uno de sus sectores estratégicos más valiosos y de los pocos que le quedan.
Si bien Petroperú atraviesa un período difícil en términos económicos, también es cierto que cuenta con activos valiosos y estratégicos: La Nueva Refinería de Talara que ya produce alrededor de 90,000 barriles /día, el Oleoducto Nor Peruano en operación, una red nacional de grifos asociados, participación del 30% del mercado nacional y las refinerías de Iquitos y Conchán.
Hay costos económicos, sociales, institucionales y laborales asociados a este intento de retacear Petroperú y de venderla en un mal momento. Se pretende remarcar al Estado como mal empresario sin considerar la perspectiva estratégica del sector, el número de trabajadores se reducirá perdiendo equipos capacitados y se perderá espacio social en la Selva. Petroperú arrojó utilidades netas por más de USD 106 millones hasta el 2021.
Las concepciones neoliberales, dogmáticas, plantean al Estado como mal empresario en el artículo 60° de la Constitución que debe cambiarse. Olvidan convenientemente países como Chile, Francia, Alemania y otros, cuyos recursos estratégicos y básicos están en manos del Estado resguardando los beneficios de sus ciudadanos.
