Aquellos que pese a los fracasos sueñan con un Estado a cargo de empresas públicas, deberían echar un ojo, pero con mucha objetividad y sin ideologías, a lo que sucede con Petroperú, que está en la quiebra, no hace más que pedir recursos públicos para poder sobrevivir y ha estado plagada de corrupción e ineptitud durante el gobierno de Pedro Castillo, quien según el Ministerio Público vendió a un allegado el cargo de gerente general para que lo ocupe un sujeto sin experiencia en el sector que hoy purga prisión preventiva.
Como si fuera poco, la petrolera estatal, que con las justas puede con su alma, ahora quiere, sin concurso de por medio, meter la mano en tres lotes en Talara y dejar de lado a privados, como si estuviera en su mejor momento, a pesar de que el ministro de Economía, Alex Contreras, ya adelantó que no existe la posibilidad de inyectarle más dinero público a la compañía para que pueda seguir sobreviviendo. No hay duda que esta triste herencia del general Juan Velasco debió ser privatizada por Alberto Fujimori en los años 90.
Hay que tener en cuenta que la plata que ya se ha entregado Petroperú para que no quiebre (solo la primera inyección fue de 1000 millones de dólares en octubre 2022) y la que en adición requiere hasta el 2023 (el doble del citado monto), sale del bolsillo de los peruanos en momentos en que la economía anda en recesión y se viene un fenómeno El Niño, que exige inversión pública para obras de prevención y quizá también de reconstrucción, más allá de las grandes necesidades que tiene el país en todos los sectores.
Uno de los grandes forados que sufren las cuentas de la petrolera estatal tiene su origen en la “modernización” -que en realidad fue la construcción de una nueva- de la Refinería de Talara. En un principio se dijo que los trabajos iniciados por el “revolucionario” Ollanta Humala costarían no más de mil 300 millones de dólares, pero al final se ha tenido que desembolsar poco menos de seis mil millones de dólares. Así pasa cuando se antepone la ideología y la política, al trabajo técnico y responsable por el bien del país.
Ayer, tres gremios empresariales han dado una conferencia de prensa para hacer público su rechazo a que se entreguen tres lotes a la quebrada Petroperú, sin que hubiera un concurso público de por medio, lo cual, afirmaron, contraviene la Constitución y mantiene la “política” del corrupto e inepto de Pedro Castillo, quien con sus cómplices, parientes y paisanos buscaba, cutra de por medio, “nacionalizar los recursos naturales” a costa de la economía y el bienestar del Perú. Razón, no les falta.
