Los índices de corrupción que están afectando nuestro país en todos los niveles de gobierno son alarmantes y constituyen el principal obstáculo para su desarrollo. Ello ha quedado demostrado en el documento “Índice CGR de Corrupción” que anualmente emite la Contraloría General de la República y señala que en el año 2021 las pérdidas que todos los peruanos hemos sufrido por actos de corrupción en el quehacer público superan los S/. 24 mil millones; cifra que, por ejemplo, hubiese permitido financiar alrededor de 50 hospitales altamente especializados en todo el Perú.
Como lo venimos señalando constantemente, el sector pesquero no es ajeno a esta problemática. Así, una de las modalidades de corrupción en el sector es la pesca ilegal; es decir, aquella que opera sin permisos; que utiliza artes de pesca prohibidos y embarcaciones piratas; que pesca en zonas prohibidas; que utiliza el recurso para hacer harina ilegal; entre tantas otras modalidades que generan de manera indebida y a costa del ecosistema marino más de S/. 500 millones al año; sin que hasta la fecha exista una real política de lucha frontal contra esta actividad ilícita.
Esta semana, gracias a un reportaje televisivo, pudimos ser testigos de cómo operan estos nuevos piratas en los puertos del país, extorsionando a los pescadores artesanales a quienes les roban hasta el 30% de la pesca del día para pagar cupos a las diferentes organizaciones criminales que operan a sus anchas en el puerto de Sechura, Piura. Ello es sólo una muestra de la corrupción e ilegalidad que se vive en nuestro país.
No podemos seguir siendo indiferentes frente a estos hechos. Necesitamos alzar nuestra voz y blindar a nuestros fiscales y buenos policías para que sigan desarticulando estas organizaciones criminales.
