Hace 4 años escribí un artículo sobre Pedro Castillo Terrones, el otrora celebre dirigente magisterial “informal” y sus reclamos sindicalistas que llevaron a la paralización y casi perdida del año escolar de millones de niños en todos los rincones del país. Entonces, exigía el otorgamiento del 6% del PBI para el presupuesto de educación (presupuesto que en la actualidad, alcanza más de la mitad de esa cifra y del cual se ha ejecutado, a junio 2022, apenas el 7,7% para proyectos, una verdadera vergüenza nacional); asimismo, la pretensión de que los docentes recibieran remuneraciones en función a la “UIT” (Unidad impositiva Tributaria) en lugar de a la RIM (Remuneración Integral Mensual) que manda la Ley de Reforma Magisterial y que un minucioso estudio e informe elaborado por los miembros del Consejo Nacional de Educación, Hugo Diaz y Ramón Barúa, desvirtuó por improcedente.

Castillo Terrones, investido hoy como presidente del Perú, vuelve a la carga con su populismo galopante, ofreciendo a los docentes del magisterio nacional y a pocos meses de las elecciones municipales y regionales, elevar el piso salarial de aquellos ubicados en la primera escala magisterial a S/.4,900, insistiendo en la estructura de equivalencia de salarios a la UIT y no a la RIM diseñada en la Ley magisterial. Lo cierto es que la UIT, “medida” con la que se determinan impuestos, multas, tasas administrativas e impositivas, y que no podría ser una referencia para la asignación de salarios de funcionarios públicos, pues haría inviable el sostenimiento de los presupuestos públicos aprobados conforme a Ley, no parecería ser la mejor medida para fijar sueldos a funcionarios públicos que a la postre resultarían “indexados” de manera automática cada año, obviando, en el caso del magisterio nacional, la meritocracia establecida en la ley y que seguramente serian exigidos inexorablemente por el resto de los servidores públicos del país.

Si bien es loable y debe ser atendible por el Estado todo tipo de mejora salarial, es imposible hacer un festín del presupuesto público generando expectativas irreales a un importante y grueso grupo de trabajadores, como resulta ser el magisterio nacional. Los presupuestos públicos son fruto del aporte de los impuestos de los ciudadanos y no debe ser festinado sin ningún tipo de sustento técnico que lo haga sostenible y viable en el tiempo. Lo contrario, es crear falsas expectativas en un país con inmensas carencias y brechas de desigualdad, difíciles de cerrar por efecto de la cruda corrupción y el permanente saqueo de fondos públicos por parte de algunos quienes ocupan posiciones en la administración pública y que, solo en el 2021, alcanzó la friolera de S/.24,262,827 millones de soles.