Tuvieron que asesinar a 81 personas en quince días, atentar con explosivos en tres lugares distintos del distrito de Lince en una madrugada y balear a una persona en la Estación La Cultura del Metro de Lima para que el gobierno, a través del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reconozca lo que venimos reportando hace más de un año: la escalada criminal en el país es incontenible.
Pero qué hacemos con el tardío reconocimiento del ministro Santiváñez sobre que la ola criminal que azota el país “es la más fuerte que se ha generado en los últimos tiempos” si no hay ninguna renuncia que acompañe a estos dichos.
Recordemos que Santiváñez dijo que iba a dimitir si los estados de emergencia no resultaban y todos hemos visto que fueron un fracaso pese a que el Ejecutivo haya decidido tapar el sol con un dedo y defender que fueron un éxito.
Ahora plantean un “Plan Control Territorial” que, según los dichos del propio ministro, pasa por asimilar a la PNP 1500 personas sin mayor requisito que haber realizado el servicio militar y una “declaratoria en emergencia por desabastecimiento” a la Policía Nacional.
En otras palabras, armarán a gente sin preparación y abrirán las arcas para un festín de compras que, como se darán en medio de una emergencia, no van a tener fiscalización.