En los últimos tiempos, algunos presidentes de la República han cometido delitos que los ha llevado a prisión. Por supuesto, ello contribuye a reforzar la desconfianza de los ciudadanos por sus autoridades. En tanto, los que no están tras las rejas están camino a ello. Otros están procesados y la tienen difícil. La que también está inmersa en problemas judiciales es la actual mandataria Dina Boluarte. La Fiscalía la investigará por delitos de lavado de activos, financiamiento prohibido de partidos políticos y organización criminal.
Ante este panorama tan complejo y el rechazo de la gran mayoría de peruanos, la presidenta tendrá más dificultades para implementar un plan de consenso para sacar adelante el Perú.
El peligro es que aumente la intensidad de la crisis y que el tema de la corrupción vuelva a ocupar un lugar preponderante en el debate nacional. Con ello Dina Boluarte quedará descolocada y hasta deslegitimada.
El tema es serio. Las revelaciones de la campaña electoral de la actual presidenta son un indicador muy significativo de cómo actuó políticamente. Más allá de los cuestionamientos y críticas hay elementos que presuntamente la vinculan con sucesos fuera de la ley. Las instituciones que imparten justicia en el Perú deben hacer su trabajo. Hay que respetar su independencia, pero fundamentalmente sus decisiones.
