Imagine usted, estimado lector, que cada mañana envía a sus hijos pequeños a una escuela pública con la certeza de que allí no solo recibirán formación, sino también alimentos sanos y limpios por cuenta del Estado a través del programa Qali Warma; y que luego se entera por una denuncia periodística que a sus pequeños les han estado dando carne de caballo y alimentos podridos para que malos empresarios y una manga de burócratas corruptos se llenen los bolsillos con plata sucia a costa de la salud de sus niños y de otros miles de escolares.
Bueno, esa indignación tiene que ser atendida por el sistema de justicia, más allá de si este crimen, sí, crimen, se cometió en la gestión de la actual presidenta Dina Boluarte o de sus antecesores o sucesores. El Ministerio Público tiene que encontrar a los responsables y acusarlos por los delitos más graves que permita el código penal, sean quienes sean. Un hecho de esta naturaleza no puede ser diluido por el paso del tiempo o tapado por los nuevos escándalos que vayan marcando la agenda del país.
Esta salvajada en contra de los niños más pobres que acuden a colegios públicos, no termina con destituciones o el cambio de nombre al programa. Tampoco con ver a un ministro como Julio Demartini, de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que se aferra al cargo alegando inocencia, ni con un Congreso de la vergüenza que con sus “mochasueldos”, “niños” y defensores de golpistas, no ha sido capaz de censurarlo por su responsabilidad al menos política en este escándalo que debería avergonzar a todos los peruanos.
Han estado lucrando con los más indefensos de la sociedad, que son los niños y jóvenes pobres del país. Han estado llenando latas de conservas con basura para darles de comer, mientras algún mal empresario de por ahí hacía plata, y los burócratas del MIDIS a cargo de las licitaciones y la supervisión de lo que se compraba con recursos públicos, miraban para otro lado, sea por incompetentes o por corruptos. No hay atenuantes para esto, por más que el Poder Ejecutivo y el Congreso no se den por aludidos.
Los padres de los menores afectados y los peruanos en general, tenemos derecho a la indignación al ver lo que se hace con los recursos que todos aportamos de nuestros bolsillos para paliar la pobreza. Si políticamente el Ejecutivo y el Legislativo se lavan las manos, queda al Ministerio Público y al Poder Judicial hacer lo que tendría que suceder en cualquier país civilizado que viva la desgracia de tener entre sus ciudadanos a gente que solo merecería pasar varias décadas tras las rejas por dar comida podrida a niños.
