Según un informe de la Contraloría General de la República, las pérdidas por la corrupción en el año 2021 superaron los S/ 24 mil millones, afectando así a millones de peruanas y peruanos, en especial a los más pobres toda vez que ese dinero debió destinarse a brindar servicios básicos como el agua potable, más aún en un país donde, lamentablemente, 7 millones de personas no tienen acceso a este servicio.
Sin embargo, observamos diariamente cómo la corrupción se encuentra instalada en las más altas esferas del poder. De ahí que la Fiscalía de la Nación, en cumplimiento de su deber, haya presentado una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por presuntamente estar involucrado en actos de corrupción e incluso liderar una organización criminal compuesta por diferentes personajes de su entorno más cercano, entre asesores, familiares, miembros del Ejecutivo y hasta congresistas.
En este contexto, mientras el Congreso de la República tiene la enorme responsabilidad de actuar de acuerdo a los mecanismos legales que le confiere la Constitución para conocer la verdad en beneficio de los 33 millones de peruanos, el presidente Castillo debería ser el principal interesado en aclarar los hechos por los que se le acusa en lugar de interponer acciones disuasivas que obstruyen el curso de las investigaciones.
Por nuestra parte, los ciudadanos no podemos estar ajenos a esta realidad. Debemos exigir a todas nuestras autoridades que respondan fiel y lealmente con el mandato que se les ha confiado, que tiene por finalidad velar por los intereses del país y no por intereses particulares, salvaguardando siempre el estado de derecho. De lo contrario, que la patria y la justicia os los demanden.
