La censura al ministro del Interior, Juan Santiváñez, pone de manifiesto, una vez más, la táctica empleada por la cofradía progre-caviar, y la aún sobreviviente moledora mediática. No obstante, es innegable que Santiváñez desarticuló, parcialmente, estructuras operativas al servicio de la Fiscalía para fines de persecución política.
Resulta evidente la influencia de ciertos grupos en la fFscalía y la agenda que esta institución impulsa. La dosificación selectiva de temas y la intromisión política, en lugar de concentrarse al ámbito judicial y perseguir al crimen organizado generan inquietud. La minimización de la denuncia presentada por la presidenta del Tribunal Constitucional sobre seguimiento al colegiado resulta inaceptable, especialmente cuando los medios parecen ignorarla. La imputación basada en el testimonio de un colaborador, con el propósito de perseguir al exministro del Interior, evidencia una preocupante instrumentalización de la justicia.
El objetivo de estas acciones es la destitución de Dina Boluarte cuya presidencia, aunque cuestionada, se ajusta al orden constitucional. Usar instituciones con fines políticos, particularmente aquellas relacionadas con el sistema de justicia, representa un grave atentado contra la democracia. Los sectores involucrados son conscientes del daño que infligen a la institucionalidad del país, pero priorizan sus intereses y una agenda lejos de los valores democráticos. La salida de Santiváñez abre la posibilidad de que estos sectores avancen en su objetivo principal: lograr la salida de Boluarte y la manipulación del proceso electoral. ¡Advertidos estamos!
